LA FMOPDH HACE UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y PROMOVER POLÍTICAS PARA SU INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN EN MÉXICO

El tema migratorio y de protección internacional son dos de los principales temas de la agenda global de derechos humanos, y, en los últimos años ha cobrado mayor fuerza en los países de la América Latina y El Caribe, en donde México no ha sido la excepción.

Tan solo la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) estima que al término del año, espera recibir 100 mil solicitudes de asilo, lo que significa una cifra histórica; y, la Unidad de Política Migratoria, ha registrado hasta julio de 2021 un total de 117,052 eventos de detención migratoria, lo que representa un 42% más que el total de detenciones realizadas durante 2020.

Por otro lado, Estados Unidos ha continuado con su política de expulsión de personas migrantes no solo mexicanas sino de otras nacionalidades a nuestro territorio, bajo el argumento de mantener las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19
(conocida como Título 42); ello sumado a la posibilidad de reactivarse el programa “Quédate en México” obligando a miles de solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en la frontera norte mexicana.

Este contexto es tan solo una muestra de las situaciones que abonan a la crisis que se está viviendo en el país y que ha obligado a cientos de personas, como hemos visto en los últimos días a movilizarse hacia otras ciudades del país, para buscar soluciones a su situación jurídica, económica y social, en la que se ha observado una vulneración de sus derechos.

Ante los acontecimientos recientes en torno a personas en contextos de movilidad que se encuentran en la frontera sur, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) externa su preocupación por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración; las agresiones hacia defensores y periodistas que están monitoreando y acompañando a Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos las caravanas; y la dilación en los procedimientos de solicitud de asilo y regularización migratoria que orillan a las personas a vivir en condiciones precarias provocando la segregación económica y social.

Los Organismos Públicos de Derechos Humanos que integramos la Federación instamos al gobierno federal, gobiernos locales y demás autoridades relacionadas en el tema, a:
● Considerar que vivimos una de las crisis humanitarias más graves a nivel mundial, la cual se ha agudizado por la pandemia por el nuevo virus SARSCoV-2. La agenda de migración y protección internacional requieren que los Estados prioricen en sus políticas de Estado, los principios de solidaridad y de cooperación internacional para humanizar la gobernanza de la movilidad internacional.
● Retomar los principios de la Resolución 4/19 aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, que particularmente destaca que los movimientos migratorios requieren formas de protección diferenciada e individualizada.
● Considerar aquellas experiencias locales identificadas como buenas prácticas como ejemplos para la atención, así como línea base para abonar a la construcción de propuestas integrales con enfoque de derechos y de forma intersectorial e intersecretarial.
● Establecer mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y los municipios para garantizar condiciones dignas en los albergues y lugares habilitados para la estancia de personas en contextos de movilidad, atendiendo a las diversas condicionantes que agravan su situación de vulnerabilidad.
● Garantizar el acceso a oportunidades laborales, a la salud y educación de quienes se vean en la necesidad de tener una estancia prolongada en nuestro país.

● Generar mesas de trabajo para la construcción interdisciplinaria de políticas públicas que den atención de fondo a la crisis migratoria que actualmente se vive.

Como Federación, reiteramos nuestro compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como para el trabajo conjunto y contribuir al análisis y construcción de políticas públicas integrales dirigidas a garantizar los derechos de estos grupos de población y promover su inclusión e integración en México y la región.

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango; Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León; Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.