PRONUNCIAMIENTO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS, EN PARTICULAR A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
Autoridades deben reconocer que las violencias ejercidas en contra de NNyA deben de atenderse a través de una política integral.
La pandemia generada por la enfermedad de COVID-19, ha generado diversas situaciones que han afectado de manera negativa a las infancias y adolescencias como las relacionadas con las actividades económicas, el cierre de espacios de socialización como las escuelas, los parques, los espacios culturales, deportivos, el distanciamiento físico, entre otros factores, y que han incrementado los riesgos de ser víctimas de diversos tipos de violencias, abusos y explotación.
En México las medidas para la contención de la propagación del virus giran en torno al distanciamiento social. Esto se ha traducido en que 39 millones 705 mil 613 personas de entre cero y 17 años de edad fueran confinadas mayoritariamente a un espacio doméstico1. En relación con las actividades escolares, para abril de 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que en México, 25.4 millones de alumnas y alumnos de educación básica y 5.2 millones de alumnado de educación media superior seguían sin asistir a los centros educativos, lo cual no solo impactó en el aprendizaje, sino en diversos aspectos relacionados con su salud mental y los riesgos asociados al incremento del uso de internet y entornos digitales como el ciberacoso.
En este contexto, los niveles de violencias ejercidas en casa y que viven niñas, niños y adolescentes (NNyA) se ven afectadas por el estrés, desempleo, el distanciamiento social y la inseguridad económica, las cuales han sido detonantes para el incremento de las violencias ejercidas para con este grupo social, en particular en lo que hace a las niñas y mujeres.
En este sentido, UNICEF señala que 1 de cada 3 hogares con niñas y niños experimentó inseguridad alimentaria moderada o severa2, y, se sabe que 6 de cada 10 personas de 1 y 14 años han experimentado alguna medida de disciplina violenta en sus hogares, situación agravada por el confinamiento. Así mismo ha documentado que México3, registra 115 mil 614 llamadas de emergencia al 911 por casos de abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.
Por otro lado, datos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, respecto de la violencia en línea, reportó que, de enero a agosto de 2020, en México se recibieron 329 mil 308 incidencias delictivas en internet en agravio de niñas, niños y adolescentes y tan solo en el mes de agosto, del 2021 se recibieron 120 mil reportes.
La Secretaría de Gobernación4 a su vez ha reportado que, en 2020, el 75.78% de las lesiones por violencia ocurrieron en el hogar, de las cuales el 81.6% de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres, resultando 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes.
También se reportó que durante el periodo de 2018 a 2021, se registraron 4 mil 401 homicidios de niñas, niños y adolescentes; y mil 150 suicidios siendo una cifra récord para este grupo social. En tanto que la tasa aumentó un 12% entre 2019 a 2020; los suicidios de niñas y niños entre 10 a 14 años aumentaron 37%; y 12% en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años.
En ese sentido, hacer frente a los impactos que esta pandemia ha tenido respecto de las violencias ejercidas, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, requiere los esfuerzos de todos los sectores a fin de atender, prevenir y avanzar hacia el ejercicio y goce de una vida libre de violencias.
Ante este escenario, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), que representa al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en el país, hace un llamado a las autoridades federales y locales para reconocer que las violencias ejercidas en contra de las infancias y adolescencias son una prioridad en este contexto de emergencia sanitaria y que deben de atenderse a través de una política integral basada en un enfoque de género y de derechos humanos, la cual deberá de incluir acciones tendientes a:
• Brindar acompañamiento psicosocial y psicoemocional al entorno familiar para el desarrollo de habilidades orientadas al cuidado de la salud mental y desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes.
• Implementar medidas de prevención de conductas de riesgo en niñas, niños y adolescentes, de enseñanza de estrategias y habilidades de gestión emocional en función de su nivel de desarrollo y de identificación y tratamiento de estados de depresión y ansiedad, entre otros.
• Garantizar el acceso a los servicios de atención y apoyo para niñas, niños y adolescentes que son víctimas de las violencias, con especial énfasis en las infancias que viven sin cuidado parental, con discapacidad, en contextos de movilidad humana, que son víctimas de explotación laboral o que forman parte de pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, entre otras.
• Implementar medidas de apoyo a las familias como principales proveedores de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes, dentro de las que se encuentran sistemas integrales de cuidados, medidas de prevención y atención a la violencia familiar, programas de apoyo a la alimentación infantil, políticas dirigidas a procurar la salud integral de las personas entendida como el como máximo bienestar.
• Llevar a cabo ejercicios de consulta y participación infantil y juvenil con la finalidad de escucharles y tomar en cuenta su opinión respecto a los temas que les afectan e involucran, en particular en lo que tiene que ver con las violencias de las que son víctimas.
• Desarrollar campañas de información para reducir los riesgos y fortalecer los factores protectores entre las infancias y adolescencias, para contribuir en los procesos de prevención, incluidos los entornos digitales.
• Habilitar espacios de apoyo, asesoría y de denuncias que sean accesibles y asequibles para las infancias y adolescencias que han sido víctimas de violencias y/o requieren de apoyo para prevenir situaciones de riesgo asociadas a las violencias.
