DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, EN EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030, A NIVEL NACIONAL Y SUBNACIONAL

En atención a la importancia de la Declaración de Mérida, firmada en la Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales, para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 2015, y en donde los Estados miembros de las Naciones Unidas participantes acogieron con beneplácito la adopción de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible, que comprende 17 objetivos y 169 metas que reflejan directa e indirectamente toda la gama de derechos humanos e integran los principios transversales que los sustentan, basados en la firmeza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, y en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (PIDESCA), así como en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.

Consideramos el invaluable compromiso del Gobierno Federal con la Agenda 2030, a través de la Dirección General de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Oficina de la Presidencia de la República, puesto de manifiesto en la Estrategia Nacional para la Implementación en México de la Agenda 2030, bajo el lema de:
“no dejar a nadie atrás”.
En este sentido, y retomando la Declaración de Mérida, donde se condensó la labor a desempeñar por las Instituciones Nacionales, en la contribución al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A su vez, aprobada por las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en su 12ª Conferencia Internacional en 2015; la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos considera importante hacer un llamado a los gobiernos estatales, en torno al funcionamiento de los órganos de seguimiento e implementación (OSI) de la Agenda 2030, para realizar las acciones siguientes:
1. Es papel de los organismos públicos de derechos humanos monitorear el avance que guardan las acciones que, en las entidades federativas se realizan, para cumplir los ODS, por ello, se debe identificar en qué áreas se avanza, y en cuáles se requiere reforzar acciones.
2. Es fundamental integrar a los organismos públicos de derechos humanos, en los OSI, para dar seguimiento a la Agenda 2030.
3. Es preciso asegurar una rendición de cuentas, en el cumplimiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos Agenda 2030, considerando en todo momento la transversalidad que esta tiene con la agenda de derechos humanos.
4. Los Organismos Públicos de Derechos Humanos cuentan con experiencia en monitoreo e implementación de compromisos internacionales, en materia de derechos humanos; por ello, nos sumamos para monitorear y evaluar, en nuestro espíritu de servicio, el cumplimiento de los 17 ODS, en cada una de las entidades federativas del país.

Reiteramos el llamado a las y los titulares de los gobiernos de las entidades federativas para que consideren y tomen en cuenta el papel vital que nuestros organismos públicos autónomos pueden desempeñar, frente a un tema de altura tan grande, como es el cumplimiento de una agenda global que requiere atención desde lo local. El año 2020 es clave para el cumplimiento de una agenda, a la cual sólo le quedarán diez años, siendo el tiempo corto y el trabajo extenso.

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos reafirma su compromiso institucional, en trabajar día con día para velar por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como para promover el derecho al desarrollo sostenible de todos los pueblos, en un afán de que nuestros gobiernos abatan la pobreza y reduzcan la desigualdad, elementos fundamentales para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU.

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango; Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León; Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.