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FMOPDH

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REQUIERE DE LAS VOCES DE FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS A TRAVÉS DEL PARLAMENTO ABIERTO

BOLETIN

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) considera fundamental que el Senado de la República lleve a cabo un ejercicio de Parlamento Abierto respecto a la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la cual se ejerza el derecho a la participación de las familias de personas desaparecidas en nuestro país.

Por ello, la FMOPDH se suma al pronunciamiento realizado por el Sistema Nacional de Búsqueda y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y colectivos de familias que han llamado a la Cámara Alta a abrir la discusión pública por medio de un Parlamento Abierto.

Buscar la realización de un ejercicio de Parlamento Abierto es un principio básico de todo Estado de derecho, y particularmente de la promoción y respeto a la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Con ello se promueven la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; se utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de su trabajo por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por las contralorías internas y otros organismos constituidos para ello.

Fortalecer las prácticas de Parlamento Abierto, con mayor participación ciudadana en la elaboración y reforma de leyes, fue uno de los compromisos asumidos por esta legislatura, como parte de la transformación política y social que se busca en México. Este ejercicio debe ser una tarea diaria y, dada la relevancia de la iniciativa por la cual se expide la nueva Ley de la FGR, al igual que los impactos que representa para la garantía de los derechos humanos en la nación, la FMOPDH reitera la petición de instituciones, organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues una iniciativa de ley, así como las reformas que la acompañan, requiere de un amplio consenso no sólo de los actores políticos, sino de la escucha, en un parlamento abierto, de las víctimas, especialistas, academia, grupos sociales, y toda aquella persona que lucha todos los días por la garantía y respeto de sus derechos humanos y los de sus familiares.

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango; Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León; Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

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